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  1. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) trata de ganar tiempo para alcanzar un acuerdo de futuro que calme las aguas en la institución. La patronal se había fijado como fecha el 28 de noviembre para organizar una asamblea en la que se votase la propuesta de nuevos estatutos, que entre otros cambios, plantean que la presidencia del ente sea asumida de forma rotatoria por cada confederación provincial. Pero la fórmula no acaba de tener el consenso necesario. El miércoles el presidente Antón Arias se reunió con sus homólogos de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Acordaron darse hasta mediados de diciembre para lograr unos estatutos con los que todos concuerden. En poco más de tres años, la CEG ha elegido a tres presidentes y ha estado a punto de entrar en concurso de acreedores acuciada por las deudas. Tras la llegada de Arias, la institución ha evitado el concurso, pero la patronal sigue inmersa en una larga crisis interna. El mes pasado sus dos predecesores en el cargo, el vigués José Manuel Fernández Alvariño y el orensano Antonio Dieter Moure, pedían la dimisión del actual presidente. Unos días después la patronal presentaba su propuesta para la reforma de estatutos, que provocó las críticas de los responsables provinciales de Pontevedra, Jorge Cebreiros y de Orense, José Manuel Pérez Canal. Pese a que la idea de la presidencia rotatoria para acabar con las guerras de poder en la patronal salió de esta última provincia, Orense adelantó entonces que no apoyaría el texto y mostró su malestar porque en el comunicado remitido a los medios por la patronal se había indicado que el nuevo método para elegir al representante de la CEG era una exigencia de esta confederación, término que Pérez Canal rebajó a una simple propuesta. Desde Pontevedra, se aseveró que no habían realizado aportaciones a un borrador de nuevos estatutos, que distaba mucho de ser fruto de un consenso en el interior de la patronal. Tras aplazar la asamblea, la hoja de ruta de la CEG pasa ahora por que las provincias realicen sus aportaciones a los estatutos y fijar una postura común en una nueva reunión en diciembre. El presidente de la Confederación de Empresarios de Orense explicó ayer que la idea de la presidencia rotatoria no está descartada de momento. «Sigue todo en el aire», resumió Pérez Canal, quien aseveró que existen bastantes diferencias entre las patronales provinciales sobre el asunto. Mientras la gestión de Arias al frente de la CEG ha sido muy criticada desde el sur, en el norte la patronal coruñesa siempre lo ha apoyado. Su presidente, Antonio Fontenla, no se mostró ayer partidario de presidencias rotatorias, pero aseveró que estarían dispuestos a asumir ese método. «Para La Coruña lo más importante es que la CEG salga del impass en el que se encuentra, estamos dispuestos a sacrficar algo que no nos gusta en el afán de tener unión», subrayó Fontenla. Otros desencuentros Al margen de la presidencia rotatoria, en los nuevos estatutos tampoco existe consenso sobre otros puntos. Desde Orense, por ejemplo, se discrepa del papel asignado en la CEG a las confederaciones provinciales y sectoriales, el sistema de voto delegado, o la fusión de la junta directiva y el consejo ejecutivo en un sólo órgano denominado consejo rector. «Hay bastantes discrepancias», apunta José Manuel Pérez Canal.
  2. Xulio Ferreiro eleva el tono contra el PP herculino. El alcalde de La Coruña avanzaba ayer que estudia presentar acciones legales contra la formación después de que los populares denunciasen presuntas «irregularidades» en la adjudicación de la gestión de la cárcel provincial. En concreto, el partido que encabeza Rosa Gallego repartió varios folletos en los que aseguraba que el citado concurso público se había realizado «a dedo» a un colectivo afín a varios miembros del Gobierno local. Según los populares, las bases de la adjudicación se hicieron «a imagen y semejanza» de la propuesta de usos planteada con anterioridad por este colectivo (Proxecto Cárcere) para —señala el PP coruñés— «dificultar la competencia». Además de este caso, el folleto recogía que «los contratos adjudicados por enchufe a los amigos de la Marea» superan ya el importe de «126.000 euros». «Ferreiro está convirtiendo el Ayuntamiento en una sucursal de su formación», criticó el PP coruñés en declaraciones recogidas por Efe. Tras conocer este hecho, el alcalde herculino reveló en rueda de prensa que se siente «muy decepcionado» con la actitud de los populares. «Parece mentira que vengan con demandas de diálogo y después actúen así. Me parece intolerable. Se me acusa directamente de delinquir», manifestó el regidor, al tiempo que consideró que la formación de Rosa Gallego ha sobrepasado con esta acción «los límites del juego limpio». Para Xulio Ferreiro, las informaciones recogidas en el folleto pueden ser susceptibles de un atentado contra el derecho al honor además de una «calumnia», por lo que añadió que las acciones del PP herculino demuestran que están «muy nerviosos y ya no saben qué hacer para atacar a este Gobierno». Finalmente, el líder de la Marea Atlántica invitó a los populares a que acudan a los juzgados si realmente creen que la adjudicación incurrió en algún tipo de irregularidad e insistió en que, en su opinión, «no hay nada que ocultar», puesto que el concurso se realizó con total «limpieza». Recurso de los populares Ante el anuncio del alcalde de La Coruña de que estudia presentar un recurso en los tribunales contra la distribución de los citados folletos, fuentes del Partido Popular afirmaron a Efe que el escrito no incluía «nada diferente» de lo manifestado hasta el momento. En este sentido, mantienen que la adjudicación de la gestión de la cárcel provincial «se dio a dedo, igual que se dan contratos a firmantes de la Marea». «Lo que le molesta a Xulio Ferreiro es que en esta ocasión se enteren los coruñeses a través del folleto, porque no lo estamos acusando de ningún delito», valoraron las mismas fuentes, que avanzan que presentarán un recurso por la vía contenciosa sobre el polémico concurso público en el plazo máximo de dos meses.
  3. El papel de los deportistas canarios siempre ha estado relacionado con el turismo. Ya en 1966 la nadadora canaria Rita Pulido lo hacía junto a otros de las islas. La relación de los isleños en competiciones deporitvas náuticas también ha reforzado la proyección de Canarias en el sector turístico. Otras grandes nadadoras del periodo de arranque del turismo en Canarias en cien metros son: Pastora Martín, Carmen Soriano, Adela Martínez, Adela Martínez, Carmen Soto, Maite Bringas o María Ballesté. Una de las personas que promocionó hace ya 50 años el turismo fue Rita Pulido, madre de la también nadadora y premiada Natalia Pulido, nadadora del Club Natación Metropole que preside actualmente Eduardo Araujo y que quiere recuperar el periodo de esplendor de este histórico centro deportivo de las islas. Cuando tenía 15 años, Rita Pulido, que surgió de las aguas de las Piscinas Julio Navarro, fue seleccionada para los Juegos Olímpicos en Roma de 1960, donde batió el récord de España de distancia. El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellanos, tiene en su agenda presupuestaria de 2018 reforzar formatos de promoción que combine deporte con actividad turística. La razón es que los turistas demandan experiencias en el destino. Para ello, el papel de los deportistas de las islas es fundamental. Como relabata ABC, concurrió de forma brillante a los Juegos Olímpicos de Tokio donde su presencia tuvo impacto en la prensa nipona por sus ojos algo rasgados, que cautivó al público japonés. Con 19 años se casó y dio un giro a su vida. Así lo contaba ABC. En sus memorias, Pulido destaca que «yo venía de una isla chiquita, isla lejana y estaba allí, en el Estadio Olímpico de Roma, desafilando, escuchando el himno nacional junto con mis compañeros que me cuidaban tanto, en fin, en una nube. Así viví las Olimpiadas, en una nube», rememora.
  4. Estamos ya a las puertas de las comidas y cenas familiares y de empresa con ocasión de la Navidad. Pero si aún no habéis decidido el lugar, en Gurmé Córdoba os damos ideas que se adaptan a los más variados gustos y presupuestos: Ubicado en Hospes Palacio del Bailío, es una de las propuestas más completas y elegantes de la ciudad. Cuenta con menús a 38 €, 45€ y 55€. A estos, se pueden añadir 5 aperitivos por 10 € de suplemento sobre el precio del menú por persona; 7 aperitivos por 14 € de suplemento u 11 aperitivos por 22 € de suplemento. Si por el contrario el comensal se acoge a los menús previamente diseñados, el más económico se compone de entrantes, un plato principal a elegir (Ravioli de mariscos ahumados, crema de queso, uvas y ajada de shichimi togarashi o Carrilleras estofadas thai, fideos de cristal, polvo de setas y huevo con puntillas) y postre a elegir entre Panna cotta de chocolate y naranja amarga, crema de vainilla y ginger, helado de after eight o Esponja de frambuesas, frutos rojos estofados, gominola de remolacha y yuza, helado de queso fresco. La segunda opción comienza con entrantes y da a elegir como plato fuerte entre Goulash cítrico de esturión y plancton, cremolata de tobiko o Tataki de ibérico acidulado, chips vegetales, papaya y mayonesa japonesa. Como postre, habrá que decantarse por los Hojaldres suflados rellenos de azahar, chocolate y cardamomo, helado de vainilla con cookies o bien los Rusos blanco y coco: gelatina de Grey Goose cherry noir, crema de café, helado de leche, chips de coco crunch.
  5. Minutos después de que el Congreso de los Diputados aprobase el Cupo Vasco, con la única oposición de Ciudadanos y Compromís, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, arremetió contra un modelo que «supone una diferencia en la financiación del Estado del bienestar de los ciudadanos», ya que depende de que residan en una comunidad con régimen foral (País Vasco o Navarra) o general (el resto). Del Olmo, que compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno, comenzó por puntualizar que «el sistema de haciendas forales es constitucional, pero lo que no dice la Constitución es cómo se tiene que calcular el cupo». Por eso, exigió al Ministerio de Hacienda que «sea transparente porque los cálculos no son claros». «Ahora, la renta per cápita de las comunidades forales es un 75 por ciento mayor a las de régimen común », señaló, por lo que, a su juicio, «van a aumentar las diferencias entre los ciudadanos del País Vasco y Navarra y los del resto de autonomía». «Todo lo que se da a las diputaciones forales se detrae de la financiación al resto de comunidades y eso sí nos perjudica», insistió. Pueden bajar impuestos Además, otro de los efectos «colaterales» es que si en esos territorios disponen de más recursos, se pueden permitir el lujo de reducir los impuestos, un hecho que, en una Comunidad límitrofe como es Castilla y León provoca la deslocalización de empresas. Además, los ajustes del IVA, como se ha hecho en la autonomía vasca, «también sale de los recursos que luego no llegan a otras comunidades». La Ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021 aprobada ayer por el Congreso, fija la fórmula de cálculo de lo que el País Vasco debe pagar al Estado por los servicios no transferidos, ya que son las diputaciones forales las que se encargan de recaudar el IRPF. La cifra base del Cupo es de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad se paga, varía según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones. En este punto, la consejera de Economía y Hacienda lamentó especialmente las formas al «haberse aprobado de manera exprés, mientras nosotros estamos a la espera cuando los dos procesos deberían ser paralelos». Sin embargo, las autonomías de régimen común, «seguimos esperando y presionando para un simple envío de documentación». Pilar del Omo reconoció que lo único que justifica la rápida aprobación del cupo es la necesidad de dar estabilidad al Estado mediante la aprobación de los Presupuestos generales, para lo que será necesario el apoyo de los nacionalistas vascos.
  6. En el tablero de la financiación autonómica el País Vasco es el jugador que siempre parte con ventaja. Su concierto económico, blindado por la disposición primera de la Constitución, le permite negociar mano a mano con el Estado el equilibrio de sus cuentas; algo que ni Galicia ni el resto de comunidades de régimen común pueden siquiera imaginar. Ayer sucedió de nuevo. El Congreso aprobó con los votos favorables de PP, PSOE y los nacionalistas la modificación de este peculiar sistema fiscal y un nuevo cálculo del cupo hasta 2021, lo que en la práctica significará que la hacienda vasca deberá abonar 1.300 millones a la caja común de todos los españoles. Galicia, de entrada, no se opone al acuerdo bilateral entre el PNV y Rajoy. Pero a cambio exige claridad. Alberto Núñez Feijóo anticipó ayer que su gobierno respeta el concierto, principalmente porque supone «un precepto» protegido por la Carta Magna. «Mientras no haya una reforma, discutir sobre él no me parece que se mantenga dentro de la lealtad constitucional», matizó el presidente al término de la reunión semanal de su equipo. El Gobierno gallego, sin embargo, distingue entre lo que supone el concierto —la capacidad del País Vasco de recaudar impuestos— y el cupo —una millonaria compensación por las competencias no transferidas—. Éste último es el que despierta las suspicacias de Feijóo, que recomendó al Ejecutivo de Rajoy que «informara» sobre «cómo una comunidad hace las cuentas directamente con el Estado, porque el resto de presidentes autonómicos tenemos derecho a saber cómo se gasta el dinero de todos». «Concierto, sí; cupo, claridad», resumió. El espacio propicio para ello —añadió el mandatario— es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y el momento es ahora. Con el debate de la financiación territorial abierto en canal y el secesionismo amenazando con turbulencias sobre la economía, el titular de la Xunta expresó que un esfuerzo en aras de la transparencia «sería muy procedente en el actual estado de las autonomías. Siempre lo fue y ahora más que nunca». Al margen del cupo y de las conversaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del 2018, los plazos de negociación siguen su curso sin mayores sobresaltos. Los expertos designados por cada territorio elaboraron ya sus correspondientes informes orientativos, al igual que otras entidades como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), encabezada por el especialista y asesor del Ministerio de Hacienda Ángel de la Fuente. El documento, elaborado en base a las recomendaciones consensuadas por el comité de sabios, estima que Galicia perdería entre 397 y 468 millones de euros con el nuevo sistema de financiación, a falta de que la negociación política aborde los muchos asuntos que están pendientes. Financiación por servicios La postura de la Xunta es la misma que la defendida en la pasada Conferencia de Presidentes. Mientras el nacionalismo catalán publicita los supuestos desagravios de sus balanzas fiscales y el BNG reclama un concierto propio para la Comunidad, Feijóo apuesta por una financiación inspirada en los «servicios públicos y en las personas», y no en «los territorios, las reivindicaciones identitarias y los pactos políticos». El Ejecutivo autonómico sigue convencido de que el mejor cortafuegos contra la insolidaridad es poner cifras al coste efectivo de los servicios. A partir de ahí se repartirían los recursos disponibles, con el objetivo último de reforzar la igualdad de todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde residan. El PP incide en las «peculiaridades» de Galicia El secretario general de los populares gallegos lo dejó claro ayer: Galicia quiere tener «voz y voto» para poder decidir un modelo de financiación que «tenga en cuenta las peculiaridades» de su propia realidad, como el envejecimiento o la dispersión poblacional. Cuestionado sobre el cupo vasco, Miguel Tellado ha hecho un llamamiento para construir «entre todos» un sistema que los gallegos cuenten con recursos para sus servicios públicos. En la mísma línea, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defendió que las negociaciones contemplen «el hecho diferencial» de la Comunidad. Unas conversaciones en las que, según relató, se están desarrollando «con mucho diálogo» entre todos los territorios participantes.
  7. Ubicada en la localidad de Castro del Río, La Hospedería del Carmen es un remanso de paz donde gozar de tranquilidad y buenos alimentos. Su restaurante está a cargo del Catering Virtus Julia, que posee una amplia carta con los mejores platos de la cocina cordobesa e internacional. La cocina de Virtus Julia está elaborada con productos de la tierra, frescos y naturales, y toques del Mediterráneo. Según se recogen en textos históricos «Este monasterio de N.S. del Carmen de Castro del Río se fundó en 1555; hízose la fundación a petición de la Villa y Regimiento, y después de haber entrado los religiosos y tomado posesión, se suspendió la execución de su fábrica porque el año 1559, siendo obispo de Córdoba el Yltmo. Sr. D. Diego de Eslava y Esquivel, dio licencia para que se continuase la fábrica de dicho Convento y se poblase de religiosos, a petición del R.P. fr. Gregorio Fernández, Provincial que a la sazón era en esta provincia». Mucho ha cambiado desde entonces, y actualmente es el chef José A.. Aguilera Jiménez quien rige los designios de su cocina, de corte tradicional. La gran especialidad de la casa es el bacalao, que se presenta en elaboraciones tan diversas como: bacalao al Papillot, lomo de bacalao a la brasa, chuletas de bacalao a la brasa, bacalao al Carmen, revuelto de bacalao, bacalao dorado, a la portuguesa y frito. No obstante, también hay lugar para magníficas carnes a la brasa: piezas de buey, ternera, hamburguesas de buey, presa ibérica, etc. En su menú habitual tampoco faltan los carabineros y el rabo de toro. Y gusta de elaborar recetas de temporada. Por ejemplo, el salmorejo y picadillo de naranja mozárabe es un plato estival. Mientras que para Semana Santa se decanta por espinacas y potaje de bacalao, entre otras especialidades.
  8. Desde hace varios veces son muchos los rumores que aseguran que Georgina Rodríguez y la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, no acaban de congeniar, hasta tal punto que algunos medios lusos han desvelado la intención de querría volverse a Portugal y dejarle más espacio a su hijo. Estos mismos medios aseguran que la llegada de la pequeña Alana Martina, el cuarto bebé de CR7, lejos de unirlas más, habría significado la gota que colmaba el vaso de la paciencia de Aveiro, que no soporta compartir su protagonismo con la madre de esta. Lo que le habría hecho pensarse aún más su regreso a Madeira. Pero la realidad nada tiene que ver con lo publicado o por lo menos eso es lo que intentan hacer creer en redes sociales. Si la semana pasada Georgina subía una foto en la que aparecían su suegra y su cuñada con los mellizos y Alana en brazos ante la oleada de rumores, hoy ha sido mucho más rotunda y ha compartido una imagen a través de las historias de Instagram en la que aparecen ella y su suegra junto a la recién nacida bajo el título: «Paseito matutito». La imagen no solo es una absoluta declaración de buen rollo que demuestra que la relación entre ambas es buena y cercana, sino también se ha convertido en la primera imagen en la que podemos ver la cara de Alana con claridad, que aparece en el carrito con el chupete puesto y un abrigo con capucha, muy atenta al selfie de su madre y abuela.
  9. Iberdrola continuó sin mostrar ayer «el corazón» que le reclamaba hace unos días el presidente de la Junta. El responsable de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, ni se inmutó en el tenso encuentro que mantuvo en Madrid con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y con Juan Vicente Herrera y se mantuvo firme en su intención de cerrar las centrales térmicas de Velilla del Río Carrión (Palencia) y de Lada (Asturias), además de mostrar su negativa a una posible venta de las mismas a la que le obligaría el decreto ley que ultima el ejecutivo. La única noticia positiva para la comarca de Guardo y para los intereses del Gobierno regional fue el compromiso de que la planta seguirá abierta hasta el año 2020. El planteamiento del salmantino fue muy contestado por los representantes políticos, que le acusaron de dar «pocas explicaciones». El presidente autonómico fue muy contundente en su intervención al denunciar una posición «de prepotencia» de Iberdrola que viene «reiterando» en los últimos tiempos recordando el «cambio» de parecer respecto a la central nuclear de Garoña, «ni anticipado ni justificado» como ha ocurrido ahora con la planta palentina. Aunque dijo «respetar» el ámbito de las decisiones de las empresas, criticó duramemente que en este caso se haya tomado una medida por «una orientación verde, como si tuvieran ellos el monopolio y los demás no fuéramos también verdes y no apostáramos por luchar contra el cambio climático cuando en Castilla y León somos líderes en energías renovables». Al tiempo, recordó a Galán que «la política energética corresponde a los poderes públicos» y que los argumentos esgrimidos «no justifican decisiones aisladas individuales». Tras señalar que «es poca compensación» que Velilla vaya a operar hasta 2020, hizo un llamamiento a los grupos políticos que piensan «en el interés general de España» para que «den el mayor respaldo» a la norma que «endurecerá» las condiciones para tomar «una decisión unilateral» de una empresa que, insinuó, «a lo mejor pretende cambiar una energía por otra para obtener una mayor retribución». El presidente reseñó que en la reunión había pedido «expresamente» a Galán «que rectificara» la medida de cierre poniendo como ejemplo la apuesta de Gas Natural Fenosa por la planta de La Robla «en las mismas condiciones» que Iberdrola. Por último, y tras alabar la postura del ministro de Energía en favor del carbón, consideró que el objetivo de la transición energética «debe llevarnos a que el mineral autóctono ocupe en 2030 al menos un cuatro por ciento del mix» y evitar así «que muchas comarcas de León y Asturias queden despobladas». Hacia la subasta Álvaro Nadal, por su parte, defendió que «hay un interés general en mantener las centrales» abiertas y destacó que si no hubieran estado operativas en los últimos tres años, el precio de la luz hubiera repercutido en dos euros y medio al año en la factura de las familias españolas. A la vez, acusó al presidente de Ibedrola de «falta de flexibilidad» al rechazar la propuesta de que vendiera ambas térmicas a otros operadores. Ante la ausencia de acuerdos en este encuentro, el ministro anunció que seguirá adelante con el Real Decreto que incluye la posibilidad de una subasta. Al respecto, detalló que la empresa ha valorado el coste del cierre de las dos plantas «en 35 millones de euros». Galán, por su parte, defendió ante los representante de las administraciones «la coherencia de la iniciativa» de Iberdrola de completar el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo por su apuesta por el cambio climático y aseguró que esta fuente de energía solo representa ya en la actualidad el 1,8% de la capacidad total del grupo. En el caso concreto de Velilla y Lada, explicó que su clausura «no afectará a la seguridad del suministro eléctrico ni al precio de la energía al ser su producción inferior al 1% del total nacional de España».
  10. El mes de noviembre se va a despedir en Córdoba con lluvias. Así lo vaticina la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé precipitaciones la primera parte de la semana que viene. Pero no llegarán para quedarse mucho tiempo, ya que el jueves volverán los cielos despejados (con alguna nube). Así, el lunes, a partir de las 12.00 horas, habrá un 55 por ciento de probabilidades de que el cielo moje la tierra. El martes, ese porcentaje subirá al 75% y se mantendrá en un 70% el miércoles. La jornada siguiente solo habrá «intervalos nubosos», pero ya sin mucho riesgo de lluvia. Tabla del tiempo para la próxima semana - AEMET En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso significativo. Las máximas pasarán de los 24 grados que se prevén alcanzar hoy, a los 17 del martes. En cuanto a las mínimas, llegarán a ser de un grado el próximo jueves, según pronostica la Aemet.